Por Antonia Urrutia, egresada de Derecho en la Universidad de Chile
Las leyes y políticas públicas pueden estar llenas de lindas declaraciones sobre la protección de la niñez, la mujer y la familia, pero a ese espacio íntimo que es el hogar se le pueden cerrar las cortinas y poner llave a la puerta para que la ley no entre. A la justicia le da pudor entrar ahí donde las personas cuelgan un cartel que dice “vida privada”.
Hay pocas ideas sobre esa vida privada que pueden traducirse fácilmente en medidas concretas exigibles ante un juez.
¿Cómo demandar el respeto y la fidelidad que debe el o la cónyuge? ¿Hay medidas que cautelen el cariño y dedicación apropiada que deberían recibir las y los hijos de sus progenitores? A menos que pase a ser una situación de violencia intrafamiliar, la amplia gama de comportamientos que no está en el límite sino en la normalidad de las relaciones humanas más o menos complejas, generalmente, no es asunto de jueces.
Hay solo una medida que no funciona así. Una que apunta a la igualdad, la corresponsabilidad, pero, sobre todo, a la solidaridad. A cuidar la familia, a la niñez, al cónyuge que se dedica a ese trabajo tan mal pagado que es el cuidado: la pensión de alimentos.
Y en un país de huachos y papitos corazón, sabemos de sobra que el gran problema de los alimentos, además de que a veces sus cantidades son penosas, es que no se pagan. Este fue todo un tema con los retiros de las AFP, cuando tantas madres y sus hijes pudieron por fin tener la esperanza de recibir el monto adeudado.
Hay historias tenebrosas de hombres que se fugan de la justicia, algunos incluso siendo candidatos presidenciales que tienen el descaro de esconderse en alguna localidad de Alabama. Todo esto para evitar a toda costa pagar esas lucas que en realidad son la manera en que la ley y los tribunales tienen para asegurar algo de cuidado y responsabilidad con esos hijos que engendraron.
La tragedia de este país es que eso queda impune. ¿A alguien le importan las mujeres, los niños?
Y luego otro candidato a presidente, con sed de votos, levanta y legitima el discurso que arguyen esos evasores de sus relaciones familiares, señalando que pucha que en verdad si alguien está en desacuerdo con una sentencia judicial, puede incumplirla. Una frase de un abogado que no solo valida y legitima la desprotección de la familia, sino que desconoce cómo funcionan nuestros procesos judiciales y, sobre todo, mina las bases del Estado de Derecho.
Yo no quiero soñar con un país en el que se paguen los alimentos. Yo quiero que se cumpla la ley. Quiero que la única medida concreta de solidaridad familiar no sea un texto de fantasía inserto en el Código Civil.
