por Sur

La discusión por la distribución de la píldora del día después (PDD) estalló fuerte en septiembre del año pasado cuando el gobierno dijo que entregaría en todos los consultorios públicos la famosa pastillita a todas las mujeres mayores de 14 años que lo solicitaran.

Obviamente los efectos que se produjeron todos lo recordamos: curas anunciando el Apocalipsis, alcaldes de derecha declarando que no entregarían el fármaco en sus servicios de asistencia, jóvenes en una marcha “por la vida” frente a La Moneda…

Y la semana pasada, luego de varias pequeñas erupciones, se produce otra vez el estallido: el Tribunal Constitucional falló en contra de la entrega de la PDD sin el consentimiento de los padres o tutores de las solicitantes, alegando a un problema de forma, no de fondo. Es decir, la piedra de tope no está en si la pastilla es o no abortiva, sino en el mecanismo que se intentó utilizar para lograr su distribución (una cosa tan burocrática que mejor no intentaré entender ni explicar).

Si la píldora es abortiva o no es una pregunta que presenta tantas respuestas como pensamientos existentes. Los científicos no coinciden en sus opiniones cuando declaran el momento en que se origina la vida, no porque no hayan estudiado el tema, sino porque sus teorías, inevitablemente, se apoyan también en sus creencias filosóficas y religiosas.
Cuando se quiere tapar el sol con un dedo nos encandilamos y perdemos la perspectiva. Eso es lo que a mi parecer ocurre con quienes buscan evitar la distribución gratuita de la píldora. Creo que el Estado debe velar por el país que existe, no por el que utópicamente le gustaría ser. Cuando los abortos, ilegales por cierto, que se realizan en el país superan los 100.000 al año debemos asumir un asunto de hecho, no una especulación, y frente a ella se debe proceder.

Claro que es importante la educación sexual y la prevención de embarazos no deseados, pero no se puede pretender que mientras nos volvemos un país con una sexualidad más responsable sólo quienes tienen 7 lucas en el bolsillo puedan comprar la píldora sin ningún obstáculo ni la compañía de sus papás. Con la venta de la píldora en farmacias se entendería que todos somos consumidores responsables y cada cual hace con su plata y su vida privada lo que se le antoje. Mientras que al no entregarla gratuitamente en consultorios se entendería que calificamos como ciudadanos NO responsables. Consumidores sí, ciudadanos no. Linda la cuestión. Se produce así un paternalismo odioso y patético con los sectores más pobres de la sociedad que no pueden acceder comercialmente al fármaco.

Cuando se arguye al cliché de que la entrega igualitaria de la píldora “hiere sensibilidades” me doy cuenta de lo egoístas (y temerosos) que se han vuelto algunos en este país. Si los católicos y conservadores tienen lineamentos tan claros y categóricos en esta materia, los felicito: eduquen a los suyos en tales valores, pero no intenten imponer una creencia a todo un país, que por lo demás es un Estado Laico. Que yo decida o no usar la píldora en un momento determinado es problema mío y como tal no podría acharcárselo a otros, entonces que una mujer católica no quiera tomarla me parece correcto, pero cosa suya. Como decía la última editorial del The Clinic: “nadie puede molestarse cuando lo que le ofrecen es la oportunidad de decidir”.

Es urgente que el Estado se ponga los pantalones con las campañas de prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. Las últimas campañas han sido un asco de malas y eso tampoco se puede dejar pasar. Necesitamos de los métodos de emergencia pero también de las soluciones de fondo, pero sería un tremendo error que aquí ocurriera lo mismo que está sucediendo con los problemas de la educación: todos los escolares y universitarios de este país esperan cambios y reformas mientras una tremenda y bullada comisión habla, discute, se pelea y se pasea para ver si algún día entrega soluciones.